PARA LOS PIBES ARMAS Y ENCIERRO
La diputada nacional por San Juan, Nancy Picon, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, para los delitos graves (delitos con pena privativa de la libertad cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años).
19/05/2024
El proyecto de ley, basa su argumento en el informe sobre niños, niñas y adolescentes con causas en la Justicia Nacional de Menores donde se plantea que: “Durante 2022, 1643 Niños, Niñas y Adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2021.
En cuanto a las características de la población, 9 de cada 10 de estos NNyA fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (56%), en su mayoría de nacionalidad argentina (93%), con residencia en la provincia de Buenos Aires (52%) y la Ciudad de Buenos Aires (47%).”
Aunque Picón reconoce que las cifras de San Juan no se condicen con las del informe en el que basa su proyecto de Ley, este deja al menos en claro algunas cuestiones: Lxs legisladorxs sanjuaninxs
sanjuaninxs están totalmente alineados con los intereses del gobierno nacional y defienden el discurso de la mano dura y la punibilidad.
«La idea es proteger a los menores porque sabemos que muchas veces son enviados por mayores», explicó la diputada en una nota periodística. Proteger a los menores ofreciéndoles encierro no es protección, es criminalización porque bajar la edad de imputabilidad no cambia nada sobre esos adultos que reclutan jóvenes para delinquir.
En otro tramo de la entrevista la legisladora expresó: ”Estamos en un momento de la sociedad donde los jóvenes nos piden espacios, pero también deben ser responsables. Hay muchos casos que tienen que ver con delitos sexuales en San Juan y a la edad de 13 años. Un cuerpo formado de especialistas determinará si son conscientes de sus actos». Los espacios que los jóvenes necesitan son espacios seguros, libres de violencias, donde se promuevan sus derechos y se les puedan brindar herramientas para crecer y potenciar su vida. Espacios de salud mental y de educación sexual integral, espacios donde los mismos jóvenes puedan ser promotores de sus propios derechos.
En el proyecto no se plantea un modelo educativo, ni de políticas públicas para la reinserción de menores en conflicto con la ley, es más no se menciona ninguna clase de acción frente a los jóvenes en conflicto con la ley más que hacerlos punibles a más baja edad, como si la respuesta coercitiva fuera una garantía de que se va a reducir la criminalidad juvenil sin atender las situaciones contextuales que la generan .
Estigmatizar a los sectores populares donde niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos por la marginalidad en las que tienen que forjar sus vidas, marcados por un Estado ausente y que, actualmente, está empecinado en quitar las herramientas que estos sectores supieron construir para salvarse. Recortes
Recortes presupuestarios a comedores, recortes en planes sociales, la ley bases en todo su esplendor son la muestra de que este modelo solo cierra con ajuste y represión.
Lo que los N,NYA necesitan son políticas públicas de un Estado presente, no cárcel. Políticas que fomenten la inserción de chicos de sectores marginados en el sistema educativo, en el sistema de salud y en el sistema cultural (todas cuestiones desfinanciadas por el actual gobierno).
Porque sin obra pública, la escuela pública no mejora su infraestructura y sin aula que contenga a los pibes, pueden caer en manos de las bandas narcos que operan impunemente, con complicidad política y policial, y por si no lo sabés, San Juan también tiene problemas de narcotráfico y pibes que delinquen manipuladxs por los narcos.
La respuesta, de nuevo, no es la cárcel, es la educación, es que ningún pibe tenga que pasar hambre porque en su casa no le pueden garantizar la comida diaria y ya no tiene el comedor barrial porque no les mandan alimentos.
Este proyecto es una respuesta a una situación que es muy fogoneada desde los medios de comunicación hegemónicos, ya que pone el foco en la inseguridad y en la situación de los “menores” dentro de ella, donde se considera necesario combatir el conflicto de jóvenes con el sistema penal a través de una legislación más dura e inflexible. Pero en cuanto a materia legislativa, poco se hace para combatir la inseguridad. Desfinanciar todas las áreas del Estado solo fomenta aún más la marginalidad, ya que las necesidades básicas se convierten en un lujo (básicas como comer, educarse y tener donde vivir).
La solución debe venir desde la interdisciplinariedad, desde el abordaje territorial y la educación, brindando las herramientas que permitan prever situaciones de conflicto con la ley, y luego avanzar sobre los mecanismos de reinserción para estos jóvenes que están en situación de conflicto con la ley, para garantizar que no se vulneren sus derechos y pueda recibir el asesoramiento, atención y tratamiento adecuado.
Los sectores populares son los que más sufren estas políticas punitivas, porque el foco se pone en los jóvenes, pero no se revisan los accionares de la policía dentro de los barrios (recordemos el caso de Luciano Arruga), ni las falencias de los institutos de menores, ni la responsabilidad del Estado frente a esta situación. Para el gobierno es más fácil auditar un comedor barrial, que garantizar que los pibes tengan un plato de comida todos los días.
Pero este foco puesto en los jóvenes, no es en ellos como sujetos portadores de derechos sino como delincuentes y si la legislación busca en última instancia abolir esta clase de conductas delictivas, debería de mínima plantear un camino a seguir para ir más allá de penalizar un comportamiento puntual y poder avanzar hacia como ese sujeto puede reinsertarse en la sociedad dándole herramientas, no ofreciendo encierro solamente.
El proyecto de Ley, no habla de cómo sería el tratamiento judicial de los menores, ni cómo se garantiza que no se violen sus derechos, ni de cómo se garantiza la reinserción social de ese joven.
Bajando la edad de imputabilidad y legalizando la tenencia de armas mediante la libre portación, además de propiciar un escenario de guerra, odio y justicia por mano propia (a lo Clint Eastwood), parece que lo que este Gobierno busca a través del Estado es, lejos de buscar una vida plena para nuestrxs niños, niñas y adolescentes, promover una sociedad de odio, donde los pibes tengan en resumidas cuentas dos caminos: terminar presos o muertos.
AUTOR
Laura Ferraris
